21 de marzo

El Ayuntamiento desestima el último recurso interpuesto por el contratista, solicitando la nulidad por la falta de competencia material, tras el informe de 1 de marzo de 2023, emitido por Secretaría

Contratación lleva a pleno la ejecución de la sentencia de 2017 y el acuerdo plenario de 2015, que permite la liquidación de dos millones de euros a Enrique Ortiz por daños y perjuicios

Así, tras la desestimación de este recurso y una vez agotadas todas las instancias en la jurisdicción contencioso -administrativa y levantada la suspensión de su ejecutividad, se propone al pleno aprobar llevar a efecto la sentencia 334/2017, del Juzgado Contencioso Administrativos nº3 de Alicante, en la que declara de conformidad la liquidación del contrato a favor del Ayuntamiento aprobado en acuerdo plenario de 21 diciembre de 2015 y, por tanto, ejecutar el mismo por el que se fijo el saldo resultante en 1.918.728, 86 euros euros que deberá abonar el contratista.

Hay que recordar que el Tribunal Supremo, en sentencia firme y pionera el 5 de noviembre de 2022, desestimó el recurso de casación interpuesto por el contratista a la sentencia 334/2017 del Juzgado Contencioso Administrativos nº3 de Alicante, que desestimaba el recurso la resolución del pleno de 21 diciembre de 2015, que resolvía la liquidación del contrato a favor del Consistorio por la cantidada que ahora se exige.

Por su parte, la Secretaria Municipal, en informe de 1 de marzo de 2023, asegura que la indemnización reclamada sí que tienen naturaleza “ingreso de derecho público”, tal y como se negaba en el recurso de reposición de Ortiz, ya que el origen del ingreso “lo es por aplicación de una norma administrativa de derecho público (no privado, art. 266.4 del dr- legislativo 2/200 de 16 de junio por el que se aprueba el TRLCAP)”. Por tanto, se asegura en el informe, el Ayuntamiento sí puede exigir su pago por el procedimiento previsto en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, TRLHL.

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha señalado que el próximo pleno pondrá punto y final a un proceso de siete años de litigios defendiendo los intereses del Ayuntamiento, que es lo mismo que los intereses de los vecinos y vecinas de San Vicente. Villar, que ha remarcado que “Ortiz debe a todos los vecinos de San Vicente dos millones de euros”, ha añadido que, “es nuestra obligación como Ayuntamiento poner coto a actitudes empresariales como las de Ortiz, que no se preocupa del interés general, por lo que no deben trabajar para organismos públicos”.

Siete años de recorrido judicial

Hay que recordar que se trata de un recorrido judicial de siete años que comenzó en 2015 y ha incluido dos acuerdos plenarios, el primero en diciembre de 2015 y el segundo en noviembre de 2022; varios recursos por parte del concesionario, tanto a los acuerdos de pleno como a las sucesivas sentencias favorables: contencioso- administrativos nº151/201, recurso de apelación nº 1154/2017, recurso de casación nº 7652/219 y recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 30 de noviembre de 2022. Por último, en cuanto a las sentencias,los tribunales se ha pronunciado en la sentencia nº334/2017 del Juzgado Contencioso Administrativos nº3 de Alicante, en el procedimiento ordinario 151/2016, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nº330/2019, y en la sentencia firme del Tribunal Supremo nº 545/2022.

Enrique Ortiz inició en 2008 la explotación del aparcamiento que construyó en los bajos del Ayuntamiento, a cambio de gestionarlo durante 35 años. El Ayuntamiento asumió de forma directa la gestión del aparcamiento subterráneo del nuevo Ayuntamiento, situado en la Plaza de la Comunitat Valenciana desde 2014. El Consistorio mantiene, desde entonces, tarifas y abonos mensuales económicos y una hora al día gratuita.