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30 de noviembre
El Ayuntamiento adopta un nuevo modelo de control interno para mejorar su gestión económica y financiera
El pleno del Ayuntamiento de San Vicente ha aprobado por unanimidad dos acuerdos que tienen como objetivos garantizar que la gestión se rija por criterios de eficacia y eficiencia, minimizando al máximo la incidencia de la fiscalización en los expedientes, y dotar de mayor transparencia las cuentas municipales. Con ambos documentos el Consistorio adapta su control interno a la normativa actual.
El concejal de Hacienda, Alberto Beviá, ha explicado que los nuevos acuerdos se han elaborado siguiendo el modelo de la Diputación de Girona, del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación de Badajoz, basados en acuerdos del Consejo de Ministros, y se ha completado con más requisitos básicos adicionales.
“Con estos documentos se moderniza el concepto de control interno en las Administraciones Locales, para pasar de un control solo de legalidad a un control que además garantice que la gestión económica-financiera del Ayuntamiento se rija por los principios de eficacia, eficiencia y economía”, ha asegurado el regidor.
Se han elaborado y remitido más de 200 fichas de trabajo a los jefes y jefas de servicio municipales, quienes ya han manifestado sus observaciones, sugerencias, etc. para adaptarlas al máximo a cada departamento. La intención última de estas fichas es facilitar el trabajo de cada una de las áreas municipales. El nuevo modelo debe desarrollarse y gestionarse necesariamente dentro de un entorno informático, aspecto en el que ya se está trabajando.
Según Beviá, los nuevos acuerdos van a reducir al máximo la incidencia de la fiscalizaciónde los expedientes en los plazos de tramitación de los mismos y mejorar de manera continuada los procedimientos de gestión económico-financiera del Ayuntamiento. También se facilita la transparencia y la remisión de datos, tanto a los órganos del Ministerio de Hacienda como al órgano autonómico de control de la tutela financiera, a la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas.
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